El bloqueo político hace suspender pagos para el sector de Defensa por 720 millones.

El bloqueo político y las consecuencias económicas de los nueve meses del Gobierno en funciones tienen sus primeros nombres de perjudicados y cifras concretas en el sector industrial de la Defensa. El Ejecutivo, sin capacidad de aprobar créditos extraordinarios, ha tenido que guardarse en el cajón facturas por valor de 720 millones de euros. La suspensión 'sine die' de esos pagos que precisan un Gobierno con todas sus facultades (y una mayoría parlamentaria que lo respalde) siembra la incertidumbre sobre un conjunto de empresas con 20.000 empleos directos de los que dependen otros 120.000. 

Desde septiembre de 2012, el Gobierno hacía frente anualmente a las facturas de los llamados Programas Especiales de Armamento (cazas, aviones de transporte, barcos, carros de combate y helicópteros) con créditos extraordinarios, primero por la vía del decreto ley que luego se convalidaba en el Congreso y últimamente con proyecto de ley específico. En 2016, el Ejecutivo en funciones no puede hacer pagos. Las empresas perjudicadas son multinacionales de ámbito europeo, consorcios o compañías de capital mixto (también internacionales), privadas españolas y estatales de la SEPI. Son los casos de Airbus, G.D.-Santa Bárbara, Indra, Navantia o Tecnobit. Todas tienen factorías en España, ofrecen empleos de alta calidad y cualificación, son punteras en I+D+i y exportan el 70% de su facturación. Este año tocaba hacer pagos por la compra del caza europeo Eurofigther, los carros de combate de fabricación nacional Pizarro II o los helicópteros NH-90. El sector de la defensa, seguridad y aeronáutico en general cuenta en España con unos 20.000 puestos de trabajo directos y otros 120.000 relacionados. 

La fórmula de los créditos extraordinarios a mitad de ejercicio y al margen de los Presupuestos Generales del Estado fue ideada y pactada entre los ministerios de Defensa y Hacienda hace cuatro años para resolver los problemas de la 'herencia' recibida de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, una deuda a largo plazo por los PEA de unos 30.000 millones de euros. Lo más grave de esa deuda encontrada es que el Gobierno socialista llevaba dos años (2010 y 2011) sin pagar las facturas de armamento adquirido, ni siquiera las de los cazas Eurofigther entregados ya a las Fuerzas Armadas. Como buena parte de las deuda correspondía a consorcios europeos, el Ejecutivo entrante se encontró con protestas por escrito de las autoridades políticas de varios países afectados. Fuera de los Presupuestos, el Ejecutivo del PP aprobó en septiembre de 2012 un primer crédito extraordinario de 1.782 millones de euros para hacer frente a los impagos acumulados, paso previo e imprescindible exigido por las empresas afectadas para renegociar los contratos. 

El Ministerio de Defensa 'reprogramó' los programas especiales con la vía de renunciar a algunas compras o retrasar entregas. En los últimos cuatro años, el Gobierno ha ido abonando anualmente las facturas pendientes. La de 2015 ascendió a los 846 millones, y este verano el compromiso ascendía a otros 724 millones, que no ha podido abonar ni podrá hacerlo antes de fin de año salvo inmediato desbloqueo de la situación política. El Gobierno en funciones carece de facultades para aprobar un decreto ley o un proyecto de ley con el fin de disponer de crédito extraordinario alguno. Además, durante la XI legislatura el Ejecutivo del PP pudo pagar los PEA con la fórmula citada gracias a su mayoría absoluta. El PSOE y el resto de los grupos parlamentarios se opusieron a la tramitación o al gasto en Defensa en sí mismo. Los socialistas incluso tienen presentados recursos ante el Tribunal Constitucional contra los créditos. (Jesús.R.G.)

Fuente: http://www.elconfidencial.com/

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