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viernes, 9 de septiembre de 2016

La falta de Gobierno asfixia a las Fuerzas Armadas.

Cazas F-18 del Ala 12 a punto de despegar de la pista de Torrejón.
Cazas F-18 del Ala 12 a punto de despegar de la pista de Torrejón.

“Las Fuerzas Armadas no son autónomas, necesitan de un Gobierno para operar día a día” asume un alto mando de la Armada a El Confidencial Digital. “Si no hay Gobierno, la operatividad se resiente. Se puede aguantar, hemos aprendido a hacerlo en los últimos años de austeridad. Pero si la situación se alarga, podría acabar degenerando en un clima de inoperatividad” advierte. ECD ha podido constatar entre altos mandos de las Fuerzas Armadas –de los tres ejércitos- la inquietud con la que se está percibiendo en los cuarteles las noticias sobre el bloqueo político actual de España. 

Un bloqueo que podría alargarse en caso de que no hubiese acuerdo de investidura antes del 31 de octubre y fuera perceptivo acudir de nuevo a las urnas por tercera vez. La principal causa de su preocupación es eminentemente económica. El Gobierno en funciones decretó el pasado mes de julio el cierre del ejercicio fiscal correspondiente a 2016, con la vista puesta en cumplir el objetivo de déficit marcado en rojo por la Unión Europea. La congelación del gasto ha supuesto desde entonces la paralización y suspenso de diversos contratos que tenían en marcha las Fuerzas Armadas. Algunos de ellos, explican fuentes militares, prescindibles. Pero otros, importantes para el desarrollo del día a día en los cuarteles y bases.
Cancelación de contratos de mantenimiento
Una de las consecuencias que analizan para ECD fuentes del Ejército del Aire es la falta de piezas de repuesto en los talleres de bases aéreas. En algunas, como indican estas voces, se ha intensificado el ‘canibalismo’ entre aeronaves. Es decir, la extracción de piezas en buen estado de aviones que en esos momentos no se utilizan para colocarlas en aviones que están operativos y han sufrido algún tipo de avería.
Otros contratos de servicios también están sufriendo cancelaciones en el Aire. Entre ellos, un acuerdo para suministrar apoyo de ingeniería a los sistemas de armas del Ejército del Aire -10 millones de euros-, el mantenimiento del Centro de Simulación de Paracaidismo, la reforma de polvorines de Gando, mantenimiento de diversos sistemas de los F-18, mantenimiento de sistemas de guerra electrónica, piezas de reparación para los aviones C-212 o incluso la compra de zapatos de diario para los militares. Todo lo que no estuviera  ya pagado se cancela. En Tierra, la situación es similar. Esta misma semana, el portal Infodefensa informaba de la cancelación de un contrato que se estaba negociando para la adquisición de repuestos para los vehículos Pizarro del Ejército de Tierra.
Compromisos de pago sin cumplir
A todos estos problemas de ‘gasto corriente’ en las Fuerzas Armadas hay que sumarle una problemática de fondo: los 27.000 millones que España debe a la industria armamentística por los grandes proyectos en los que el Estado se ha involucrado en los últimos años. Los pagos del Eurofighter, el carro Leopard, el submarino S-80 o las fragatas F-100 entre otros PEAS –Programas Especiales de Armamento- venían financiándose en los últimos años mediante una fórmula financiera muy cuestionada: los créditos extraordinarios a cargo del Ministerio de Industria. Estos créditos, que superaban los 1.000 millones de euros anuales y con los que se iba rebajando las facturas pendientes que dejaron otras administraciones con la industria armamentística han quedado suspendidos después de que el Tribunal de Cuentas, y posteriormente el Tribunal Constitucional, los declararon “inconstitucionales”.
Alegaba el Constitucional que “no concurren las circunstancias excepcionales, imprevistas o relevantes que permitirían afirmar que nos encontramos ante un caso de extraordinaria y urgente necesidad” de dichos créditos, que desde 2012 han alcanzado más de 4.000 millones de euros. El problema radica en que, como defendió el abogado del Estado, el incumplimiento de estos pagos de programas especiales de armamento supone “nefastas consecuencias” para la economía en España ya que conllevan penalizaciones, sanciones y sobrecostes reflejados en los contratos de compra. En la situación actual, con los presupuestos prorrogados –y sin margen de maniobra alguna-, y sin la opción de los créditos extraordinarios, España no puede afrontar el pago de los PEAS. Y ya se han acumulado dos anualidades, es decir, más de 2.000 millones de euros. (Jesús.R.G.)

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