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martes, 8 de julio de 2014

España no podrá pagar las fragatas F-100, los submarinos S-80 o los Eurofighters.



Nada más llegar el Partido Popular al Gobierno, tras las elecciones de 2011, el Ministerio de Defensa se enfrentaba a una situación económica crítica: tras años de recortes e impagos de los principales programas de armamento -19 en total-, los nuevos gestores de la cartera se vieron obligados a renegociar el calendario de pagos con la industria. En aquellas fechas, urgía afrontar las facturas que los anteriores gestores habían dejado impagadas, correspondientes a programas como las fragatas F-100, los buques BAM, los helicópteros Tigre y NH-90, los aviones A400M, los Eurofighters, los Pizarro y Leopardo, el misil IRIS-T o el obús155/52, entre otros.

El ‘Plan Morenés’
De esa negociación salió un plan, denominado en el sector como ‘Plan Morenés’, que estiraba en el tiempo el calendario de pagos. De 2025 año límite para pagar los entonces 20.000 millones adeudados se pasaba a 2030. Pero con una peculiaridad: el montante total del importe a pagar crecía en unos 2.000 millones, mientras el número de unidades a recibir en los distintos programas decrecía.

La negociación de los nuevos pagos, que el Ministerio bautizó como reconducción de los compromisos, lleva tiempo siendo una de las críticas más habituales que se pueden escuchar en corrillos militares. Como ya contó ECD, por ejemplo, en la Armada hay quien cuestiona la posibilidad real de que el Estado reduzca el pedido de la submarinos S-80 de cuatro a tres unidades, para hacer así frente al sobrecoste que han generado los fallos de diseño en el primero de los buques.

A partir de 2015, insostenible
A partir de las nuevas condiciones, el Estado diseño un calendario de pagos que incluía compromisos anuales próximos a los 1.000 millones anuales en los primeros años. Una cifra que comenzará a dispararse a partir de 2015, alcanzando su zenit en 2020 con pagos superiores a los 2.000 millones de euros. Una cantidad que, según han analizado diversos expertos, resulta insostenible para las cuentas de Defensa.

En términos prácticos, poniendo como base el presupuesto oficial de Defensa alrededor de los 6.000 millones de euros- los pagos derivados de los diecinueve programas especiales de armamento supondrán un 20% del presupuesto ministerial en 2018, y alcanzarán un 30 por ciento en 2020. Según indican fuentes militares consultadas por ECD, se trata de cifras alarmantes que auguran una importante pérdida de operatividad para las Fuerzas Armadas, cuyas cuentas ya están “al límite”. “O sueldos o programas especiales, pero para los dos no llega, a no ser que se dispare el presupuesto oficial de Defensa” aseguran.

Solución: una auditoría
La formación UPyD ha presentado este lunes en el Congreso un completo informe titulado “Los Programas Especiales de Armamento: fraude, despilfarro y utilidad” en el que recogen esta problemática, firmado por la diputada Irene Lozano y por el analista de defensa Bernardo Navazo. Desde la formación se denuncia la inconstitucionalidad de los créditos extraordinarios anuales que concede el Estado a Defensa a través de Industria para afrontar el coste y que este no suponga un aumento oficial de los presupuestos de Defensa aproximadamente un 15 por ciento, mientras el resto de carteras disminuyen. Basan su alegato en varias sentencias del Tribunal Constitucional, ya que los Reales Decretos vía a la que recurre el Gobierno para aprobar estos créditos extraordinarios están reservados a situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Argumentan que, conociendo de antemano el Gobierno el calendario de pagos que él mismo ha firmado, no se puede considerar que estos Reales Decretos respondan a una situación inesperada. Según explican fuentes de la formación a ECD, la intención del grupo parlamentario es iniciar los trámites para conseguir que 50 diputados o exigido por ley presenten un recurso de inconstitucionalidad. De esta manera, quieren forzar al Gobierno a que este tipo de créditos extraordinarios se realicen por el cauce legislativo ordinario, lo que supondría que deberían ser debatidos en el Congreso de los Diputados. Proponen, además, realizar una auditoría seria, rigurosa y profunda de los PEAs sobre la utilidad real de los 19 programas en relación con las amenazas y riesgos para la Defensa española, así como la cantidad total de unidades recibidas en los términos pactados en el contrato original. (J.R.G.)


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