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martes, 27 de mayo de 2014

No denunciar casos de discriminación será sancionable en el Ejército.

Los militares que no denuncien “actos que atenten contra la intimidad, la dignidad personal o en el trabajo o supongan discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género o sexo, orientación e identidad sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” incurrirán en una falta disciplinaria grave y podrán ser sancionados con arresto de 15 a 30 días. Así figura en una enmienda del PSOE al proyecto de ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que ha sido aceptada por el PP. Hasta ahora solo podían ser castigados los autores de estas conductas, pero no quienes las encubrieran o sencillamente mirasen para otro lado. Tras meses de negociaciones, populares y socialistas han llegado a un amplio consenso sobre el nuevo código disciplinario. El punto más espinoso es la renuncia del PSOE a suprimir los arrestos por faltas leves y sustituirlos por sanciones económicas (como preveía el borrador elaborado en la etapa de la ministra Carme Chacón), lo que se ha negado de plano el Ministerio de Defensa. En las enmiendas pactadas se incluyen algunas condiciones a estos arrestos, como que la resolución sancionadora sea motivada, que no se cumpla en celda o calabozo o que se pueda solicitar el habeas corpus (la intervención del juez). 

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), mayoritaria en las Fuerzas Armadas, considera que estos supuestos avances ya están vigentes y que el pacto retrotrae el nuevo régimen disciplinario a finales del pasado siglo, cuando el Ejército aún no era profesional. Pero lo más grave, a su juicio, es que se quiera hacer pasar el arresto por falta leve como una mera restricción de libertad, y no como una privación de libertad, tal como reconoce la jurisprudencia del Supremo, para intentar eludir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En todo caso, el pacto entre los dos grandes partidos, que debería plasmarse el miércoles 28 en la última reunión de la ponencia, tropieza con un último escollo: la negativa del PP a renunciar a una disposición que limita drásticamente los derechos de asociación y manifestación, también en la Guardia Civil. “Ha habido acercamientos, pero si no se elimina esta disposición no podremos votar a favor de la ley”, advierte el portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, Diego López Garrido.


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