Defensa acelera un contrato de 4.000 millones en blindados e incendia el sector.


El proyecto de producción del VCR Dragon, conocido como 8x8, el vehículo militar que sustituirá a los polémicos y antiguos BMR, está levantando ampollas en la industria vinculada al ejército. El retraso en los tiempos lleva meses generando nerviosismo en el sector y despertando sospechas relacionadas con la posibilidad de que el Ministerio de Defensa esté manejando la situación a su antojo para adjudicar finalmente a la mercantil General Dynamics la construcción del moderno y versátil artilugio. Fuentes consultadas por El Confidencial explican que el Gobierno estaría aprovechando su periodo en funciones para agilizar los trámites. En concreto, en esta etapa la Dirección General de Armamento y Material de Ministerio de Defensa podría haber planteado modificaciones en las condiciones del contrato. 

"Cambiarlo es arriesgado porque luego podría impugnarse y esto tendría un elevado coste", aseguran las citadas fuentes. Desde el Ministerio de Defensa, de hecho, admiten estar trabajando en la agilización del proceso. "Se está trabajando en el desarrollo de un modelo de contratistas-subcontratistas principales para optimizar los procesos de producción que permitan alcanzar los objetivos del programa en términos de requisitos operativos, plazos, coste y grado de calidad del producto", explican desde el departamento que dirige Margarita Robles, cuya continuidad en el Ministerio —al igual que la de su secretario de estado Ángel Olivares— parece poco probable tras la constitución del nuevo Gobierno que presidirá Pedro Sánchez. Las fuentes del sector consultadas aseguran que esta urgencia que parece mostrar ahora Defensa para cerrar la adjudicación requiere "cambiar las condiciones" con el fin de agrupar las fases de diseño, producción y evaluación en una sola. 

"Esto supone convertir el contrato de prototipos en otro de fabricación", resumen las mismas fuentes, que entienden que esta decisión conlleva un claro riesgo, ya que las mejoras que puedan detectarse en los primeros no podrían arreglarse en una primera fase, dado que se producirían de golpe todos los vehículos del contrato, y habría que solucionar los problemas a posteriori. "Esto ya ha ocurrido antes —aseguran las fuentes con relación a los proyectos Leonardo y Pizarro— y la experiencia ha resultado un fracaso, porque agrava los problemas que no se han solventado en un primer momento". Las mercantiles que competían por asumir esa primera fase de prototipos, por lo tanto, también quedarían desplazadas por el fabricante final, que según las mismas fuentes sería la mencionada General Dynamics European Land Systems - Santa Bárbara Sistemas (responsable de construir la carcasa) en UTE con Indra y Sapa. "La decisión definitiva aún no está tomada", aseguran desde Defensa cuando se le plantea la posibilidad de que sea esta última sociedad la elegida. 


En estos momentos la Dirección General de Armamento y Material tiene pendiente valorar los demostradores presentados por las diferentes empresas que compiten, una fase cuyo contrato supone 181 millones de euros, parte de ellos desembolsados por el Ministerio de Industria. Su objetivo era desarrollar cinco prototipos que permitieran evaluar los fallos antes de lanzarse a hacer la producción en serie. Tras esa primera etapa, estaba previsto que comenzara la segunda fase, que se centraría en el contrato de producción y que estaba previsto que se resolviera a finales de este año. El que fuera secretario de Estado de Defensa durante el Gobierno de Mariano Rajoy, Agustín Conde, cuantificó en 3.836 millones de euros el coste de esta última adjudicación, 1.588 millones para la adquisición de los vehículos y 2.248 millones para el mantenimiento durante los 30 años de vida útil que los técnicos estiman que tienen los artilugios. Conde preveía comprar 348 vehículos en un primer momento y ampliar hasta el millar de unidades en un segundo. (Jesús.R.G.)


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