A partir del 20 de septiembre, 122 países, casi dos tercios de los que se sientan en la Asamblea General de la ONU, empezarán a firmar en Nueva York el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el primer instrumento jurídico internacional que proscribe la bomba atómica. Entre los firmantes no figurarán las nueve potencias que, oficial o extraoficialmente, poseen armas nucleares, pero tampoco España, pese a que ha renunciado a ellas. Aunque no se ha pronunciado oficialmente, la OTAN se opone a que sus miembros firmen el tratado. El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó el pasado 7 de julio la adopción del tratado como “un importante paso hacia la aspiración de un mundo libre de armas nucleares” y subrayó que era fruto de la “creciente preocupación por el riesgo que supone la existencia de armas atómicas y la conciencia de las catastróficas consecuencias que tendrían si alguna vez volvieran a ser usadas”.
“El mundo ha dado un paso histórico hacia la deslegitimación de estas
armas indiscriminadas e inhumanos, base esencial para su futura
eliminación”, se felicitó el presidente del Comité Internacional de la
Cruz Roja, Peter Maurer. En las semanas que han transcurrido desde entonces, el fantasma de
una guerra nuclear se ha vuelto más real. El lanzamiento de misiles
intercontinentales y el ensayo con una bomba de hidrógeno por parte de
Pyongyang han puesto al mundo más cerca de un conflicto atómico de lo
que había estado desde la crisis de los misiles, en 1962.
El presidente Donald Trump ha amenazado con desatar “una furia y un
fuego jamás vistos” y Kim Jong-un con causar “el mayor dolor y
sufrimiento” a EE UU. Washington se ha escudado precisamente en la amenaza que supone el
régimen norcoreano para rechazar el tratado. “¿Hay alguien que piense
que Corea del Norte prohibirá el uso de armas nucleares?”, se preguntó
la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley.
Corea del Norte no suscribirá el tratado, como tampoco las otras potencias nucleares oficiales (EE UU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) u oficiosas (India, Pakistán e Israel), por lo que ningún país va a desarmarse debido a su entrada en vigor. Sus impulsores niegan, sin embargo, que resulte inútil y esgrimen el antecedente de los tratados de prohibición de las minas antipersona y las bombas de racimo, que inicialmente no fueron suscritos por las grandes potencias pero las están erradicando en la práctica, al poner en una situación cada vez más difícil a sus defensores. “Aunque el tratado no elimine de inmediato ningún arma nuclear, sí puede deslegitimarlas aún más”, según Daryl G. Kimball, director de la Asociación de Control de Armas. No solo los países poseedores de armas nucleares han rehusado firmarlo. Holanda, único socio de la OTAN que participó en la conferencia de la ONU en la que se negoció el texto, votó al final en contra. Fue el único voto negativo, 122 países votaron a favor y Singapur se abstuvo.
Fuentes gubernamentales confirman que España no firmará el tratado
que prohibe desarrollar, probar, producir, manufacturar, adquirir,
poseer o almacenar armas nucleares . Alegan que este nuevo texto
“socava” el Tratado de No Proliferación (TNP) suscrito por España.
El TNP, de 1968, pretendía frenar el acceso a la bomba atómica de
nuevos países y comprometía a los poseedores de la misma a reducir sus
arsenales. Es el fracaso del TNP en ambos objetivos —cuatro países se
han sumado en las últimas décadas al club de los cinco y las
superpotencias están modernizando sus arsenales— lo que ha llevado a
Brasil, Sudáfrica o Nueva Zelanda a promover su prohibición total. Además de considerar que el nuevo tratado debilita el régimen de no
proliferación, hay otra razón de fondo por la que España rehúsa
firmarlo: su pertenencia a la OTAN. La Aliaza Atántica
no se ha pronunciado formalmente sobre el tratado, pero fuentes aliadas
reconocen que ha sido objeto de debate entre los socios. La conclusión
no puede ser más categórica: la prohibición de las armas atómicas es
incompatible con la doctrina de la disuasión nuclear en la que se basa
la seguridad atlántica. Sobre todo frente a Rusia.
Hasta tal punto se considera incompatible el tratado con la seguridad de la OTAN que se ha planteado la posibilidad de que los países que lo suscriban no puedan participar en el partenariado aliado, un régimen que permite recibir asesoramiento o apoyo militar y participar en ejercicios o misiones y engloba a más de 40 asociados tan heterogéneos como Jordania, Colombia o Afgangistán. El tratado prohíbe no solo tener armas nucleares, sino también “buscar o recibir asistencia de cualquier país implicado en actividades prohibidas” por el mismo. Aunque la OTAN no se ha pronunciado, sí lo han hecho sus tres socios nucleares (Washington, Londres y París) que advirtieron, en un comunicado conjunto, que “un tratado que no resuelva los problemas que hacen necesaria la disuasión nuclear no mejorará la paz y seguridad internacionales”. No parece, en todo caso, que las grandes potencias puedan frenar ya un tratado que entrará en vigor 90 días después de que lo ratifiquen 50 países. (Jesús.R.G.)
Fuente: https://politica.elpais.com/
