España se compromete con la OTAN a aumentar en un 80% su gasto militar para 2024.

El Gobierno español se ha comprometido con la OTAN a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos siete años, hasta rondar los 18.000 millones de euros. Así figura en la carta que ha remitido al secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, en la que marca su hoja de ruta para cumplir el mandato de la cumbre de Gales (2014), que consagró el objetivo del 2% del PIB para gasto militar en 2024. El incremento prometido por el Gobierno, con ser enorme, no llega al 2%; se quedaría en torno al 1,5 o 1,6%.

La Alianza Atlántica dio de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para que sus 28 países miembros explicaran cómo piensan cumplir el compromiso de destinar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto militar. Este objetivo, consagrado en la cumbre de Newport (Gales), se ha vuelto más apremiante tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien en su primer encuentro con los líderes de la organización militar, en mayo pasado en Bruselas, les echó en cara que le debían “enormes cantidades de dinero” y aseguró que 23 de los 28 socios “no gastan lo que deben y esto es injusto para el contribuyente estadounidense”. Incluso el 2%, advirtió, “es insuficiente para cerrar la brecha” de lo que gastan Europa y EE UU. Los cinco países de la OTAN que cumplen son Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Estonia y Polonia, que gastan al menos el 2% del PIB, a los que este año debe unirse Rumania. España está a la cola (0,92% de previsión en 2017), solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. El Gobierno ya ha remitido una misiva a Stoltenberg en la que le expone su plan para que el gasto militar crezca por encima del PIB en los próximos siete años hasta llegar a los 18.000 millones de euros en 2024. 

Esa cifra representa un incremento de alrededor del 80% sobre el gasto actual, pero no  llega al 2%. Dependiendo del crecimiento del PIB, y en términos de precios constantes, supondría quedarse en el 1,5% o 1,6%. El 2%, en el mejor de los casos, debería esperar al menos hasta 2028. El Gobierno cree que, con este plan, cumple sus compromisos con la OTAN ya que la cumbre de Gales, en contra de lo que se cree, no obligaba a alcanzar el 2% en diez años. Lo que se acordó entonces es que los países que no alcanzaban dicho porcentaje debían frenar el recorte del gasto militar, aumentarlo en términos reales con el crecimiento del PIB y “avanzar hacia el 2% en una década para cumplir los objetivos de capacidades de la OTAN y cubrir sus carencias”. La declaración de Gales también fijó como objetivo que el 20% de los gastos de Defensa se destinara a la adquisición de equipos, incluidos los programas de investigación y desarrollo. En este apartado, España está mucho mejor situada, pues destina el 19,31% a equipamiento, según datos de la OTAN.

También puede presumir de que dedica el 10% de su gasto en Defensa a operaciones, algo que casi ningún otro aliado hace. España ha participado en todas las misiones militares de la UE —de las que este año ha sido el mayor contribuyente— y en casi todas las de la Alianza Atlántica. Para medir el aumento del gasto en Defensa primero hay que determinar qué se entiende como tal. La OTAN atribuye a España una previsión de 10.739 millones de euros este año, tras el retroceso que se produjo en 2016 por la parálisis política (9.014 millones, 0,81% del PIB). En esta cifra no solo incluye el presupuesto de Defensa (7.635 millones), sino también, entre otras partidas, las operaciones en el exterior (1.076 millones previstos este año) y las pensiones que cobran los militares retirados de la Seguridad Social y que otros países incluyen en el presupuesto de Defensa. Para engordar el gasto militar y acercarse al objetivo de la OTAN, Hacienda ha propuesto contabilizar el presupuesto de la Guardia Civil, un cuerpo de naturaleza militar. 

Ello supondría sumar 2.700 millones y subir dos décimas de PIB. Defensa rechaza este maquillaje y exige un crecimiento real del presupuesto, pero es lógico incluir al menos el gasto de las misiones militares de la Guardia Civil. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido el consenso de la oposición para sacar adelante una ley que blinde los gastos militares de los vaivenes políticos y garantice la financiación a largo plazo de los programas de armamento. La prueba de fuego serán los Presupuestos de 2018, si el Gobierno logra aprobarlos. Defensa quiere consolidar los 1.817 millones que se incluyeron en el presupuesto de este año para pagar la factura de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) de 2016 y 2017 e incrementar sustancialmente la partida dedicada a mantenimiento, que arrastra un déficit crónico. Sería la rampa de lanzamiento para cumplir el compromiso con la OTAN, pero Hacienda da prioridad a otro compromiso: sacar a España del procedimiento de déficit excesivo de la UE. (Jesús.R.G.)

Fuente: https://politica.elpais.com/

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