A
menos de cuatro meses de la resolución del concurso de diseño de las
fragatas FFG(X) para la Armada estadounidense en el que toma parte
Navantia, un cambio en los requisitos de las naves podría dejar fuera
del mismo a cuatro de los cinco participantes, incluido el grupo naval
español. La revitalización y promoción de la Ley “Buy America” de 1982
por parte del presidente Donald Trump desde 2017 –y aplicada al concurso
de fragatas por el Congreso la pasada semana–, supondría, en el mejor
de los casos, el retraso en más de un año en la concesión del contrato; y
en el peor, la exclusión de la mayoría de los participantes.
Así, según refleja el último informe del Servicio de Investigación del Congreso –ligado en este caso con la Ley de Presupuestos para 2020, que será rubricada mañana por Trump–, la Armada deberá aceptar una serie de condiciones excepcionales para que se dote de fondos al contrato. Es precisamente este punto, como menciona el portal oficial del Instituto Naval de los Estados Unidos (USNI), donde surge el conflicto, dado que el texto de revisión del proyecto utiliza un “lenguaje ambiguo” para referirse a estas condiciones.
América primero
El mayor problema en el uso de este “lenguaje”, como apunta el USNI,
es la vaguedad en la extensión de dichos requisitos. El principal punto a
debate es la fabricación de ciertos componentes de los buques por
compañías no norteamericanas. El informe detalla que la restricción a
estos elementos sería más permisiva durante la construcción de las diez
primeras unidades, pero que a partir de esta “el secretario de la Armada
deberá incorporar motores y cajas de cambios de fabricación
estadounidense”.
Esta decisión, aún pendiente de un último debate –dado que debe efectuarse un estudio del sobrecoste que supondría cambiar partes tan cruciales en mitad de una serie–, sería devastadora para compañías como Navantia, pues haría inviable su diseño. Si bien algunos de los componentes mencionados en el informe, como botes salvavidas, grúas o bombas auxiliares, son sencillos de sustituir por otros de fabricación local, muchos otros, como los motores, resultan casi imposible sin alterar el diseño.
En el caso de la propuesta española –basada en la serie F-100 y ligada a General Dynamics, quienes serían los auténticos adjudicatarios del concurso–, tanto los motores como los grupos electrógenos son sistemas propiedad de Navantia, mientras que las hélices son de Wärtsilä. Únicamente el sistema de turbinas es estadounidense, fabricado por General Electrics, lo que supondría tener que rediseñar la fragata prácticamente desde cero. Si bien desde la Armada se apuntó tras la publicación del informe que los requisitos no supondrían un gran problema para el contrato, desde el Comité de Fuerza Marítima y de Proyección se expresó preocupación por las consecuencias de aplicar al ámbito de las adquisiciones militares una Ley diseñada para servicios ferroviarios.
Fuente: https://www.diariodeferrol.com
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