El Gobierno español se ha comprometido con la OTAN
a incrementar en más de un 80% su actual gasto militar en los próximos
siete años, hasta rondar los 18.000 millones de euros. Así figura en la
carta que ha remitido al secretario general de la Alianza Atlántica,
Jens Stoltenberg, en la que marca su hoja de ruta para cumplir el
mandato de la cumbre de Gales (2014), que consagró el objetivo del 2%
del PIB para gasto militar en 2024. El incremento prometido por el
Gobierno, con ser enorme, no llega al 2%; se quedaría en torno al 1,5 o
1,6%.
La Alianza Atlántica dio de plazo hasta el 31 de diciembre
de este año para que sus 28 países miembros explicaran cómo piensan
cumplir el compromiso de destinar al menos el 2% de su Producto Interior
Bruto (PIB) al gasto militar. Este objetivo, consagrado en la cumbre de
Newport (Gales), se ha vuelto más apremiante tras la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump,
quien en su primer encuentro con los líderes de la organización
militar, en mayo pasado en Bruselas, les echó en cara que le debían
“enormes cantidades de dinero” y aseguró que 23 de los 28 socios “no
gastan lo que deben y esto es injusto para el contribuyente
estadounidense”. Incluso el 2%, advirtió, “es insuficiente para cerrar
la brecha” de lo que gastan Europa y EE UU. Los
cinco países de la OTAN que cumplen son Estados Unidos, Reino Unido,
Grecia, Estonia y Polonia, que gastan al menos el 2% del PIB, a los que
este año debe unirse Rumania. España está a la cola (0,92% de previsión
en 2017), solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. El Gobierno ya ha remitido una misiva a Stoltenberg en la
que le expone su plan para que el gasto militar crezca por encima del
PIB en los próximos siete años hasta llegar a los 18.000 millones de
euros en 2024.
Esa cifra representa un incremento de alrededor del 80%
sobre el gasto actual, pero no llega al 2%. Dependiendo del crecimiento
del PIB, y en términos de precios constantes, supondría quedarse en el
1,5% o 1,6%. El 2%, en el mejor de los casos, debería esperar al menos
hasta 2028. El Gobierno cree que, con este plan, cumple sus compromisos
con la OTAN ya que la cumbre de Gales, en contra de lo que se cree, no
obligaba a alcanzar el 2% en diez años. Lo que se acordó entonces es que
los países que no alcanzaban dicho porcentaje debían frenar el recorte
del gasto militar, aumentarlo en términos reales con el crecimiento del
PIB y “avanzar hacia el 2% en una década para cumplir los objetivos de
capacidades de la OTAN y cubrir sus carencias”. La declaración de Gales también fijó como objetivo que el
20% de los gastos de Defensa se destinara a la adquisición de equipos,
incluidos los programas de investigación y desarrollo. En este apartado,
España está mucho mejor situada, pues destina el 19,31% a equipamiento,
según datos de la OTAN.
También puede presumir de que dedica el 10% de su gasto en
Defensa a operaciones, algo que casi ningún otro aliado hace. España ha
participado en todas las misiones militares de la UE —de las que este
año ha sido el mayor contribuyente— y en casi todas las de la Alianza
Atlántica. Para medir el aumento del gasto en Defensa primero hay que
determinar qué se entiende como tal. La OTAN atribuye a España una
previsión de 10.739 millones de euros este año, tras el retroceso que se
produjo en 2016 por la parálisis política (9.014 millones, 0,81% del
PIB). En esta cifra no solo incluye el presupuesto de Defensa
(7.635 millones), sino también, entre otras partidas, las operaciones en
el exterior (1.076 millones previstos este año) y las pensiones que
cobran los militares retirados de la Seguridad Social y que otros países
incluyen en el presupuesto de Defensa. Para engordar el gasto militar y acercarse al
objetivo de la OTAN, Hacienda ha propuesto contabilizar el presupuesto
de la Guardia Civil, un cuerpo de naturaleza militar.
Ello supondría
sumar 2.700 millones y subir dos décimas de PIB. Defensa rechaza este
maquillaje y exige un crecimiento real del presupuesto, pero es lógico
incluir al menos el gasto de las misiones militares de la Guardia Civil. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha pedido
el consenso de la oposición para sacar adelante una ley que blinde los
gastos militares de los vaivenes políticos y garantice la financiación a
largo plazo de los programas de armamento. La prueba de fuego serán los Presupuestos de 2018,
si el Gobierno logra aprobarlos. Defensa quiere consolidar los 1.817
millones que se incluyeron en el presupuesto de este año para pagar la
factura de los Programas Especiales de Armamento (PEAS) de 2016 y 2017 e
incrementar sustancialmente la partida dedicada a mantenimiento, que
arrastra un déficit crónico. Sería la rampa de lanzamiento para cumplir
el compromiso con la OTAN, pero Hacienda da prioridad a otro compromiso:
sacar a España del procedimiento de déficit excesivo de la UE. (Jesús.R.G.)
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